Fabien Anthelme, biólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo Francés (IRD), reflexiona sobre la situación actual de los glaciares y el impacto que tiene este fenómeno sobre estos.

Acciones que pueden implementarse con los ciudadanos, los científicos y con los tomadores de decisiones en lo público son algunas de las estrategias que el experto plantea para mitigarlo. 

Que en Venezuela solo quede un glaciar que puede desaparecer en cinco años es una muestra de las consecuencias que el cambio climático tiene sobre la biodiversidad en el mundo y un tema que mediante proyectos, investigaciones y trabajos conjuntos, entre expertos colombianos y franceses, ha querido abordar Fabien Anthelme, biólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo Francés (IRD) y participante de la Cumbre Colombo Francesa 2019 de Investigación, Innovación y Educación Superior que se realiza en EAFIT y CES hasta el 14 de junio y que es organizado, además, por la Embajada de Francia en Colombia, la Asociación Colombo Francesa de Investigadores (Colifri), Ascun, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional y/o Tecnológica (Aciet), el G8 Universidades y la Alcaldía de Medellín.

En palabras del experto, no es tan fácil ver este fenómeno en Colombia porque el acceso a las zonas en donde se encuentran los glaciares es más complejo. “Sin embargo, es una preocupación latente que nos hace un llamado como ciudadanos, investigadores, científicos y como tomadores de decisiones desde la política pública”, señala Fabien.

Para esto, sugiere, es importante seguir los pasos descritos en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), un equipo de científicos que se encuentran para hablar sobre lo que sucede en estos términos, y buscar opciones para mitigar y proponer formas diferentes de vivir.

“El cambio climático lo podemos ver desde una escala global, una regional y una local. Esta jornada de encuentros en EAFIT nos ha permitido obtener mucha información y algunas de las que cobran mayor relevancia son la quema desmesurada y la deforestación, dos acciones que tienen un efecto importante sobre la biodiversidad, el calentamiento global y el depósito de carbón que se queda en los glaciares haciendo que se derritan más rápido”, agrega.

Desde lo público, considera que es clave combinar el efecto de cambio climático con el uso de la tierra porque el conjunto de los dos efectos tiene un gran impacto sobre los ecosistemas de las sociedades.

“En uno de los talleres de la Cumbre hablábamos de que en unos años el 86 por ciento de los colombianos vivirán en la ciudad, lo que nos lleva a pensar en que es el primer lugar en donde se deben establecer acciones. Difundir esa información científica con un lenguaje aterrizado y entendible para la ciudadanía, campañas y eventos que vinculen lo cultural, y la atracción de los jóvenes que son quienes mejor entienden el mensaje es crucial dentro de un plan de acción”, apunta Fabien.

Este experto relacionó en su presentación en la mesa de trabajo de Biodiversidad, uso del suelo y clima, del eje de Naturaleza y Recursos, su proyecto de investigación en tres continentes para tener una buena representatividad del comportamiento de los glaciares frente al cambio climático.

Su equipo de trabajo, que es interdisciplinario por la cantidad de saberes que requieren las actividades de investigación, recolecta datos sobre el retroceso de estas zonas para saber en cuánto tiempo puede recuperar altitud y temperatura con el fin de establecer acciones concretas.

“Hoy hacemos un llamado a cuidar y a proteger, a unir saberes, a hacer visible a la ciudadanía que el agua que tenemos hoy está porque los ecosistemas funcionan bien y no podemos permitir que se dañen, que en el ámbito mundial podemos almacenar carbono con suelos y alta montaña, y que la estabilidad de los terrenos es vital. Debemos trabajar desde el inicio en campo hasta que llegue a la sociedad”, concluye Anthelme.

Es la primera vez que este biólogo participa en un espacio bilateral que congrega a tantos expertos y profesionales dispuestos a hacer aportes a la investigación y la innovación en colaboración. Destaca que hace parte de una red franco suramericana que busca ampliarse para estudiar el cambio climático en diferentes lugares, lo que lo motiva a pensar en más espacios similares a esta Cumbre con un mayor número de países participantes.

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Alejandro Gómez Valencia
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Luego de una década bajo la modalidad presencial,la maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local  de EAFIT emprende el reto de la virtualidad, de acuerdo con la resolución 1257 del 4 de febrero de 2019 del Ministerio de Educación (Snies: 107707), con vigencia de siete años.

Enfrentarse a los retos que exige el entorno en términos de innovación social, desarrollo local y gerencia cultural, con una mirada gerencial y con la aplicación de competencias investigativas, son las capacidades que adquieren los egresados de este programa. 

Desarrollar competencias en temas de innovación social y desarrollo local, que le apunten al crecimiento, y que aporten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a las metodologías de evaluación de impacto. Esa es la promesa de la maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local de EAFIT, que ahora también se podrá cursar en la modalidad virtual.

Este programa eafitense, con 10 años de recorrido en la academia de manera presencial, amplía sus horizontes y emprende desafíos en el mundo tecnológico para acercar a más profesionales de distintas disciplinas del conocimiento administrativo, financiero, legal y social. Todo esto de acuerdo con la resolución 1257 del 4 de febrero de 2019 del Ministerio de Educación Nacional (Snies: 107707), que tiene una vigencia de siete años.

“Esta nueva apuesta desde la virtualidad, más allá del reto tecnológico, permite a los estudiantes desafiar los cambios con conocimiento, adquirir más competencias y aumentar los niveles de profundización necesarios para desempeñarse en ámbitos de innovación social, desarrollo local y gerencia cultural desde cualquier parte del mundo. Es un camino que ya hemos recorrido por una década. Somos una maestría probada, madura y con conocimiento del medio”, agrega Mario Enrique Vargas Sáenz, coordinador del programa..  El posgrado —con una duración de 20 meses y 4 ciclos— se ha caracterizado por desarrollar en el estudiante las aptitudes gerenciales para la preparación, la negociación, la implementación y la evaluación de iniciativas para el desarrollo; el aprendizaje de competencias investigativas y de aplicación; y el dominio de habilidades para emplear en proyectos de desarrollo social y trabajo con comunidades.

Todo esto, según Mario Enrique, con el acompañamiento de una triple alianza docente, pues el 60 por ciento está compuesto por profesores de EAFIT, el 30 por ciento por docentes internacionales y el 10 por ciento por profesionales que trabajan en el sector real y que le dan esa visión actual y pertinente al desarrollo de las asignaturas.

Durante el desarrollo del programa en modalidad virtual solo será necesario un encuentro anual con el fin de establecer redes, hacer networking y acercarse a la comunidad eafitense.

Además, añade Mario, ser parte de este posgrado ofrece también la posibilidad de optar por doble título con la Universidad de Verona y la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de participar en el Summer School que se realiza cada año en Trento (Italia), en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Conocimiento listo para aplicar

Para Catalina Rodríguez Garcés, gerente de Proyectos de Comfama y egresada del programa en modalidad presencial, además del conocimiento teórico y técnico, la maestría es una oportunidad de análisis, de reflexión y de construcción conjunta por la cercanía que hay con otros estudiantes que llevan a las clases casos reales que suceden en las organizaciones, una manera muy acertada de aplicar los conocimientos.  “Además me ha permitido ampliar redes académicas y profesionales que hoy son muy valiosas en mi ejercicio, mejorar mi perfil laboral y acercarme a docentes muy bien preparados. Considero que es muy valioso que los profesionales de América Latina puedan participar ahora de manera virtual sin tener que desplazarse y así construir más capacidades para la región”, destaca Catalina.

De otro lado, María Paula Echeverri Hernández, profesional de Gestión Social de Transmetano y estudiante activa del programa, ha encontrado para su quehacer herramientas propicias, pues su rol en la entidad requiere tratar con las comunidades en el recorrido de los gasoductos.

“En ese sentido la maestría me ha parecido aplicable, práctica y flexible para aterrizar en cualquier área en la que nos desempeñemos y ahora que se abre la posibilidad de formarse de manera virtual nos abre la puerta a muchos profesionales que, aunque vivimos en Medellín, nos desplazamos a regiones y a trabajo de campo, lo que facilita el desempeño y el aprendizaje”, resalta la eafitense.

Así que esta nueva propuesta de aprendizaje es una invitación, como lo dice Mario, a darse el permiso de conocer la maestría, “de construir con nosotros y de transformar el entorno a través de proyectos sociales y de cooperación”, concluye.

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Las posibilidades que se abren para la agroindustria con el uso de avances como la inteligencia artificial, la robótica, el big data y los entornos digitales serán exploradas en el nuevo programa de la Universidad. 

Las clases de este pregrado, el número 23 de la Institución, comenzarán en el segundo semestre del año. La carrera fue aprobada con la resolución 2734 del 18 de marzo de 2019 por parte del Ministerio de Educación Nacional (Snies 107709).

Para definir el enfoque adecuado del nuevo programa, docentes y asesores de EAFIT exploraron experiencias de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Earth), en Costa Rica, y de la Escuela Agrícola Panamericana (Universidad Zamorano), en Honduras. Además, se cuenta con la experiencia y el apoyo de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos.

Conozca el nuevo pregrado 

El desafío de alimentar a la población mundial, y aprovechar para eso los avances en tecnología y telecomunicaciones, aparece como una posibilidad para que Colombia tenga un modelo productivo en el agro sostenible que aporte a mejorar en temas como seguridad alimentaria, conservación de suelos y ecosistemas, y aumento en la rentabilidad.

Esos aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de pensar en un programa académico disruptivo que respondiera a los retos actuales del país. Así nació el pregrado en Ingeniería Agronómica que presenta hoy EAFIT —aprobado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 2734 del 18 de marzo de 2019 (Snies 107709)—, una opción de aprendizaje presencial con una duración de 10 semestres (176 créditos), con énfasis en agricultura predictiva y prescriptiva, alto contenido práctico, de investigación y de emprendimiento, y estrecha relación con el campo y los productores. 

La decisión de entrar en esta nueva área del conocimiento para la Universidad se tomó cuando en el Consejo Superior se estaba debatiendo el itinerario que la Institución se trazó para el año 2030. Así lo explica Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, al decir que la instrucción fue incursionar en las ciencias del agro para “contribuir a la producción de alimentos, al mejoramiento del campo colombiano y sobre todo desde una manera contemporánea, es decir como la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, se puede incorporar el agro”.

"El egresado no será un profesional en ciencias agrarias ni un agrónomo, sino un ingeniero con fundamentación en matemáticas, física, química, biología y bioquímica. Se aprovecha la interactividad del aprender haciendo y del aprendizaje basado en problemas, y se sirve de convenios con 32 empresas y gremios que servirán para las prácticas académicas", describe Diego Miguel Sierra Botero, exsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia y asesor de la Universidad para la creación del nuevo programa.

Esta apuesta de EAFIT se fundamenta en realidades documentadas por organizaciones mundiales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dichas entidades afirman que la población mundial pasará de 7.500 millones de personas a 10.000 millones para 2050, un incremento que sucederá, en un 80 por ciento, en países asiáticos y africanos como India, China, Indonesia, República Democrática del Congo y República Central Africana.

De otro lado, y según estimaciones entregadas por Diego Miguel, el crecimiento de alimentos y materias primas para esa población es del 2 por ciento anual en el ámbito mundial, lo que demuestra la responsabilidad y el compromiso que deberán asumir los sectores de alimentos y agricultura. Estos tendrán que abordar, además, fenómenos globales como el deterioro en los recursos naturales, mayor escasez de tierra, erosión y otros problemas en suelos y cuerpos hídricos. 

La siembra del pregrado

La Institución diseñó el pregrado en Ingeniería Agronómica como un proceso en seis bloques de formación: un núcleo institucional; un área básica de ciencias para responder a la formación ingenieril; un componente de pensamiento computacional, que garantizará la formación digital; un área de formación en agronomía; un componente de ingeniería agrícola; y, por último, un complemento de agronegocios. 

Tal enfoque busca promover el conocimiento, la práctica reflexiva y la adaptación a los cambios en una apuesta por la productividad, la sostenibilidad, la diversificación y el valor agregado en una etapa del país en la que se espera una reactivación en la inversión rural, sumada al acceso a documentos invaluables para el quehacer en el sector agrícola: el censo del Dane, el informe de la Misión para la transformación del campo colombiano, los estudios adelantados por el Banco de la República y los acuerdos de La Habana, entre otros.

Con el pregrado en Ingeniería Agronómica, la Universidad espera aportar a revertir la tendencia descrita por Diego Miguel Sierra: "Hay un desprestigio general del agro, a pesar de la oportunidad del país. El agro no ocupa hoy el lugar que debería".

En sus palabras, el atraso tecnológico del país, respecto a los cultivos en general, está entre el 40 y el 60 por ciento, una tercera parte por debajo de los demás países de la región, a excepción de los cultivos de café. Estos últimos se encuentran en un nivel de desarrollo cercano al 75 por ciento del umbral deseable.

En Colombia se usan 35 millones de hectáreas para ganadería, y menos de ocho millones para agricultura. Muchos de esos suelos, en opinión de Diego, son usados equivocadamente, pues se trata de zonas ricas en nutrientes y aptas para la agricultura, o de terrenos de ladera, muy pendientes, en donde no debería haber vacas sino cultivos forestales o permanentes. "Si Colombia recompone el agro, en un proceso de estímulo a la inversión, tiene una oportunidad productiva de mercado local y de cultivo hacia afuera. Venimos creciendo, por ejemplo, en aguacate, pero el tema es si vamos a crecer solamente 3.000 hectáreas por año o seremos capaces de hacerlo a razón de 10.000 anuales", manifiesta el experto. 

Agricultura 4.0

El nuevo pregrado de EAFIT abordará la denominada agricultura 4.0, es decir, la cuarta ola tecnológica de la agricultura moderna: todas las posibilidades que se abren en el ámbito agroindustrial con el uso de avances como la inteligencia artificial, la robótica, el big data y los entornos digitales. 

Posibilidades como el sembrado y la cosecha a través de máquinas programadas por computadorfacilitan enormemente procesos que van desde la preparación de la tierra hasta el almacenaje de los alimentos. 

"Estas tecnologías se hacen disruptivas cuando se vuelven obsoletas las anteriores, y se pueden masificar porque el costo de implementarlas es relativamente bajo. En ese sentido, el uso de sistemas digitales hace que la agricultura se vuelva más precisa, con menos posibilidades de fallos. Además, disminuye un factor que ha sido el dolor de cabeza de los agricultores en general: la incertidumbre", explica Enrique Copete, también asesor del pregrado en Ingeniería Agronómica. 

Según él, un agricultor hacía grandes inversiones para cultivar en un sitio determinado una especie no apta para el mismo. Ahora, con las nuevas herramientas, puede saber en qué lugares de Colombia puede crecer una planta cultivada en el norte de México. Eso sin contar la posibilidad de gestionar riesgos, predecir crecidas, anticiparse a las plagas y pronosticar lluvias, entre otras ventajas.

También hoy se pueden hacer invernaderos automatizados desde el punto de vista de climatización, iluminación, control de humedad relativa, espaciamiento, diseño de camas, estructuras de riego, y secado de flores y hortalizas.

El experto refiere que la primera ola tecnológica fue la mecanización, el uso de maquinaria agrícola para cargar materiales y hacer labores en la tierra para sembrar grandes extensiones; la segunda, fue la agricultura química, el uso de fertilizantes y nutrientes para controlar plagas y enfermedades; y la tercera fue la revolución genética, el mejoramiento de las plantas mediante una selección y modificación de su desempeño.

"Luego de la biotecnología se incrementaron los rendimientos en un 25 por ciento respecto a la ola anterior. Ahora, con el uso de las tecnologías digitales, se establece que se puede mejorar entre un 15 y un 20 por ciento más. No obstante, se debe tener en cuenta que al aumento en los rendimientos se suma a una racionalización de los costos, por la mitigación de los riesgos, ya que se evitan pérdidas sustanciales por medio de estos sistemas", asegura el asesor.

De acuerdo con él, esta es la posibilidad de que los países en desarrollo cierren brechas, en términos agroindustriales, que antes parecían insalvables, una apreciación con la que coincide Diego Miguel Sierra, para quien Holanda, con sus cultivos de fresas, tomates y lechugas, es el referente en agricultura 4.0.

"Hay varios países líderes en desarrollo de agricultura digital. Holanda, Israel y Estados Unidos se encuentran muy avanzados, y en Brasil y Argentina ya hay desarrollos, y un buen trabajo de mecanización en cultivos de soya y maíz, con elementos de agricultura digital", dice Sierra.  

Incursionar en la agricultura digital es justamente uno de los retos que menciona el rector Juan Luis con el ingreso de la Universidad en esta nueva área del conocimiento. “Uno de los grandes retos que tienen la agricultura en este momento, sobre todo en un país como Colombia, es el sabio equilibrio entre sostenibilidad y producción agrícola. Estamos convencidos de que mientras podamos inyectarle ciencia y tecnología a la producción de alimentos, podemos conservar mucho más la naturaleza. En la medida en que nosotros seamos más eficientes podemos conservar mucho más nuestra biodiversidad”, concluye. 

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La maestría en Gerencia Integral por Procesos es el nuevo programa de posgrado de la Universidad, adscrito a la Escuela de Administración, que recibió el aval del Ministerio de Educación bajo la Resolución 015868 del 21 de septiembre de 2018.

La primera cohorte de estudiantes, egresados de la especialización de Gerencia de Calidad de EAFIT, iniciará clases en abril. El próximo 28 de febrero comienzan las inscripciones para el segundo semestre de 2019.

Las organizaciones, en cualquier parte del mundo, operan a través de la gestión por procesos y es responsabilidad de las personas que los tienen a cargo garantizar que sean productivos. La nueva maestría de EAFIT, Gerencia Integral por Procesos, permitirá a sus estudiantes profundizar en las herramientas que se requieren para garantizar el éxito en esa gestión.

“Esta maestría reúne una gran cantidad de ejes temáticos que son muy útiles a las personas que tienen bajo su responsabilidad procesos organizacionales. Nosotros podríamos decir que en organizaciones, instituciones o empresas todo funciona bajo la filosofía de procesos, sin embargo, no todos somos conscientes de ello. En las organizaciones todo se ejecuta mediante actividades, o sea, desde lo más simple hasta lo más complejo”, señala Ángela María Montoya Hernández, coordinadora del programa.

Ricardo Uribe Marín, decano de la Escuela de Administración, a la que está adscrita la nueva maestría, coincide en que actualmente todas las organizaciones “con ánimo o sin ánimo de lucro, grandes o pequeñas, del sector público y privado funciona por procesos”, y por eso el programa busca “formar el talento humano necesario para administrar y gerenciar los procesos de una organización de manera integral y de forma exitosa”.

A partir de esa manera de administrar globalizada, los estudiantes de la maestría en Gerencia Integral por Procesos aprenderán a gestionar las organizaciones con la identificación de los procesos claves, relacionados con la estrategia y el éxito de los negocios. Uno de los objetivos es propiciar las herramientas para obtener un mejor control de los ciclos de producción para satisfacer a los clientes con sistemas de gestión más eficaces y una organización más flexible.

“Todo el quehacer de una organización hacia afuera, es decir el cliente, y en su interior es ejecutado mediante acciones o actividades. Y eso se tiene que gestionar de manera adecuada. Por lo tanto, tener las herramientas para hacerlo constituye un conocimiento muy importante para las personas que esperan lograr objetivos empresariales, de sus áreas y de sus procesos para ser cada vez más competitivos”, explica la profesora Ángela Montoya.

El nuevo programa fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 015868 del 21 de septiembre de 2018 y, a partir de abril de 2019, comenzará clases la primera cohorte, integrada por egresados de la especialización en Gerencia de Calidad. Las inscripciones para el segundo semestre estarán habilitadas a partir del próximo jueves 28 de febrero.

Este estudio de posgrado, orientado hacia una gerencia integral, desarrolla habilidades investigativas para optimizar de manera complementaria los procesos organizacionales. Esto tiene como fin alcanzar mejores resultados corporativos y operacionales, los cuales son fundamentales para la competitividad de los negocios en el mundo actual. Con esta profundización, además, se espera potencializar en los estudiantes la capacidad de liderazgo en procesos de innovación aplicando herramientas y tecnologías.

Todo lo anterior bajo la mirada holística que integra los aspectos más relevantes de la filosofía de gerenciar por procesos. “Las empresas medianas y pequeñas en Colombia no necesariamente están trabajando bajo esta filosofía. Por eso para EAFIT se convierte en un reto grandísimo lograr que las personas que se encuentran en estas organizaciones empiecen a formarse en esta filosofía”, señala la coordinadora académica.

La metodología propuesta para esta maestría, que tiene una duración de tres semestres, es la denominada blended learning, un sistema híbrido de aprendizaje que complementa estudios presenciales y virtuales, los cuales se ofrecerán cada mes en la Universidad para facilitar las responsabilidades laborales de los estudiantes: 20 horas de trabajo presencial y 8 de virtual.

La maestría está dirigida especialmente a los directores de mejoramiento continuo en las empresas, a sí mismo a los jefes de producción o los encargados de calidad y de los sistemas de gestión en las organizaciones. La gestión integral por procesos es un conocimiento que atraviesa de manera transversal las distintas áreas o departamentos de una institución.

Tengo una cadena de droguerías, en la que pude aplicar conceptos que adquirí en la especialización y que permitieron crecer a la empresa de una manera organizada y proyectarse hacia el futuro como una empresa exitosa. Con la maestría espero adquirir más conceptos y herramientas que permitan llevar la empresa a otro nivel. EAFIT es garantía de educación por los contactos que uno adquiere estudiando en la Universidad”, expresa Julio César González Villegas, empresario y estudiante de la maestría.

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El escritor fue anunciado la noche de este martes 28 de enero como el ganador de este galardón que entregan cada año EAFIT, Grupo Familia y Caracol Televisión para resaltar y promover la literatura colombiana.

Juan Gabriel ganó con la obra Canciones para el incendio, un conjunto de narraciones que el jurado consideró están “escritas de modos deslumbrantes y capaces de condensar mundos enteros con gran sutileza”. 

Descargue fotos de la entrega del PBNC en alta resolución

El jurado del VI Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana tenía una certeza y una preocupación que resolver. Con tres libros finalistas tan buenos, de autores tan talentosos, la certeza era que la obra ganadora sería muy buena. Con tres libros finalistas tan buenos, de autores tan talentosos, la preocupación era cómo resolver lo que era considerado un triple empate.

“Canciones para el incendio, de Juan Gabriel Vásquez”. Ana María Arango, integrante del jurado, leyó el acta con el nombre del ganador y en ese momento se disolvió la expectativa que compartían los asistentes a la gala de este premio que entregan EAFIT, Grupo Familia y Caracol Televisión. 

“Una excepcional colección de relatos, muy bien entretejidos en la tradición de Dublineses de Joyce, que se pueden leer uno a uno de un tirón o como conjunto pleno de sentido, como una colección de canciones o como una melodía de fondo” son algunas de las consideraciones del acta firmada por el jurado y conformado también por Javier Cercas, Ricardo Silva, Jerónimo Pizarro y Juan Camilo Suárez.

El libro ganador del PBNC —por lo que se le conceden al autor 40 millones de pesos y una obra del maestro Hugo Zapata— reúne una serie de cuentos atravesados, tal como explica Juan Gabriel Vásquez, por las mismas obsesiones de sus novelas: “La violencia que nos marca como país, el peso del pasado, la intromisión del azar en nuestras vidas… Pero, sobre todo, la violencia”. 

Esa referencia a la violencia también se lee en el acta del PBNC en el que, además, se considera que “son relatos de una gran variedad de registros, pero, al mismo tiempo, unidos por determinados elementos comunes, el principal de los cuales, tal vez, sea la perduración de la violencia del pasado en el presente, la indagación de la culpa que no consigue resolverse del todo”.

En la ceremonia hubo espacio para la recomendación de libros. La hizo Javier Cercas al proponer la lectura de Si esto es un hombre de Primo Levi. Una recomendación del escritor español durante la conversación que tuvo con Héctor Abad Faciolince para ilustrar cómo la literatura que representan los libros finalistas de PBNC es -al igual que el texto de Levi- útil. Es útil, dijo, porque aborda, como lo hacen las obras de Piedad Bonnett, William Ospina y Juan Gabriel Vásquez una de las malas herencias de Colombia: la violencia. 

Juan Gabriel se une a la lista de ganadores de PBNC que también han recibido Juan Esteban Constaín por la mejor obra publicada en 2014 con El hombre que no fue Jueves; Andrés Felipe Solano (2015) con Corea: apuntes desde la cuerda floja; Patricia Engel (2016), por Vida; Pilar Quintana (2017), con La perra; y Ricardo Silva (2018) por Cómo perderlo todo. Vea la ceremonia de entrega del premio:

Los finalistas

Canciones para el incendio, de Juan Gabriel Vásquez, competía en la sexta edición del PBNC con las novelas Donde nadie me espere, de Piedad Bonnett; y Guayacanal, William Ospina.

En el caso de su obra nominada, Piedad Bonnett sugiere una reflexión sobre “lo fácilmente que se puede cruzar una línea, no de la cordura, sino de la estabilidad emocional. Y cómo al perderla se puede empezar a caer y, en algunos casos, llegar a lo infrahumano. Por supuesto, también quiero llamar la atención sobre todos esos muchachos que escarban en la basura, sobre cuyo pasado no nos preguntamos y de los que nos apartamos con miedo e indiferencia”.

Guyacanal, por su parte, es una novela nutrida, sobre todo, de recuerdos personales y de la tradición oral. Así lo expresa William Ospina, su autor, quien explica que el libro "habla de esos seres anónimos que hacen la historia y construyen las naciones. De ese país que fue Colombia desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hecho con audacia y abnegación por miles de familias campesinas, y que en gran medida fue destruido por la violencia política de los años cincuenta. Cómo se trazaron los caminos, se fundaron las aldeas y se volvió habitable, gracias al esfuerzo y al talento de tantos hombres y mujeres, una selva que había estado despoblada por siglos. Un relato de cómo fue posible vivir en la naturaleza, fundar tradiciones y costumbres, ritos de hospitalidad y convivencia, música y poesía, en esa zona cafetera de la que vivió Colombia durante un siglo. Es también el relato de una larga época de paz que después olvidamos".

Acta del Jurado del VI Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

El jurado considera que se trata de una excepcional colección de relatos, muy bien entretejidos, en la tradición de Dublineses de Joyce, que se pueden leer uno a uno de un tirón o como conjunto pleno de sentido, como una colección de canciones o como una melodía de fondo. Son relatos de una gran variedad de registros, pero al mismo tiempo unidos por determinados elementos comunes, el principal de los cuales tal vez sea la perduración de la violencia del pasado en el presente, la indagación de la culpa que no consigue resolverse del todo. Cada una de las narraciones, escritas de modos deslumbrantes y capaces de condensar mundos enteros con gran sutileza, contiene alguna epifanía sobre la realidad colombiana o el contexto de alguno de los personajes. Se trata no sólo de una reivindicación de su género, sino, probablemente, de un hito en el marco de la cuentística del país.

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Investigadores de EAFIT, la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action (IPA) que estudian el funcionamiento del crimen organizado en la ciudad evaluaron las intervenciones de política pública dirigidas a reducir el ‘gobierno criminal’.

Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo es el título del más reciente reporte de una investigación a largo plazo sobre este asunto de seguridad pública.

​​​Dos evaluaciones de impacto dirigidas a estudiar cómo se puede reducir el ‘gobierno criminal’ en Medellín fueron desarrolladas como parte de una investigación que adelantan expertos de EAFIT, la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action (IPA). El objetivo es comprender el funcionamiento de este fenómeno que se presenta con sus particularidades en distintas ciudades del mundo.

La primera evaluación analizó el efecto de aumentar la distancia entre los ciudadanos y los equipamientos urbanos en los que el gobierno local ofrece algunos servicios de resolución de conflictos y de policía. La segunda, por su parte, estimó el efecto de una intervención implementada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín entre los años 2018 y 2019, cuyo propósito fue desplazar a los grupos de crimen organizado de sus funciones de gobierno.

Los hallazgos del estudio

1. En Medellín existen alrededor de 350 combos, la mayoría subordinados a entre 15 y 20 bandas criminales.
2. Los niveles de ‘gobierno criminal’ varían mucho a lo largo de la ciudad. En algunos barrios los combos son la autoridad pues, con motivo de algunos tipos de problemas, ejercen más funciones de gobierno que el Estado.
3. El ‘gobierno criminal’ está correlacionado a factores como la extorsión y los préstamos “gota a gota”. Esto sugiere que la extracción de rentas ilegales es uno de los motivos por los que los combos gobiernan.
4. Los niveles reales de ‘gobierno criminal’ y otros fenómenos asociados como la extorsión son mucho más altos que los estimados por las autoridades en las encuestas de victimización y percepción de seguridad.
5. Contrariamente a lo esperado, incrementar el gobierno del Estado puede aumentar el ‘gobierno criminal’. Esto puede ser consecuencia de la decepción de los ciudadanos frente a los fallos del Estado, del ejercicio de ventajas comparativas por parte de los grupos criminales o de la captura del Estado por parte de estos.

Las recomendaciones de política que hace el estudio

1. No volver a implementar la Intervención Microterritorial bajo el esquema previamente utilizado, un esquema que no suministra servicios en una medida cercana a las expectativas ciudadanas.
2. Poner en marcha un proceso para diseñar e implementar intervenciones innovadoras, dirigidas a enfrentar el ‘gobierno criminal’, la extorsión y otros fenómenos asociados con el crimen organizado.
3. Realizar mediciones anuales sistemáticas sobre la fuerza y la influencia de los grupos de crimen organizado.
4. Promover la realización de evaluaciones de impacto de intervenciones contra el crimen organizado.

Desde el punto de vista teórico, el ejercicio de funciones similares a las que deberían cumplir los Estados, entre las que se incluyen resolver disputas y problemas de las comunidades, imponer reglas de comportamiento, prestar seguridad, administrar justicia y cobrar impuestos se le conoce en la literatura como ‘gobierno criminal’.

Los investigadores de este proyecto a largo plazo en el marco de una agenda de investigación sobre grupos armados urbanos son Santiago Tobón Zapata y Gustavo Duncan Cruz, de EAFIT; Christopher Blattman y Benjamin Lessing, de la Universidad de Chicago; y Juan Pablo Mesa-Mejía, del IPA.

En estos primeros reportes de la investigación​ también se encontró que aumentar la provisión de funciones de gobierno por parte del Estado en la ciudad no necesariamente genera de manera directa una reducción en la provisión de dichas funciones por parte de los denominados "combos" que integran las estructuras criminales.

"Probamos dos formas de cómo el gobierno ha tratado de enfrentarlo y lo que encontramos es que ninguna de las dos formas es efectiva. Una es un poco más de presencia a largo plazo en los territorios, a través de inspecciones de policía y demás, y encontramos que esto no desplaza el ‘gobierno criminal’. Y la segunda es una presencia mucho más inmediata, de llevar gestores comunitarios al territorio, y lo que encontramos es que si esto se da en contextos donde hay poco ‘gobierno criminal’, esto puede servir. Pero si se da en contextos donde hay un alto ‘gobierno criminal’, esto puede tener efectos adversos", señala Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (Cief) de EAFIT.

A través de este informe, los investigadores documentan cómo se presenta el fenómeno en los territorios y entregan algunas recomendaciones de política pública basadas en la evidencia empírica para enfrentarlo. Los resultados surgen tras una encuesta realizada a finales del año 2019 sobre ‘gobierno criminal’, en la que participaron 6.977 encuestados (4.868 hogares y 2.109 negocios) con el objetivo de medir algunos de los problemas asociados con el crimen organizado. La encuesta cubrió a 232 barrios, entre estos ocho pertenecientes a los municipios Bello e Itagüí que comparten frontera con la capital antioqueña. 

"Por primera vez tenemos una medición exacta del ‘gobierno criminal’, lo que nos da pie en adelante para hacer investigaciones de manera sostenida, poder hacer un seguimiento de la política pública y su efectividad. Es decir, qué tanto logran reducir el ‘gobierno criminal’ las políticas públicas", concluye Gustavo Duncan, investigador y co-autor del informe.

Un largo camino

De acuerdo con el reporte del Cief, Medellín ha recorrido un largo camino de implementación de políticas de seguridad innovadoras, a la vez que ha mejorado sus indicadores de crimen y violencia. Destaca que durante las últimas décadas la ciudad pasó de tener más de 350 homicidios por cada 100 mil habitantes (año 1992), a tener aproximadamente 24 homicidios por cada 100 mil habitantes (2019).

Sin embargo, señala el informe, persiste una compleja estructura de grupos armados organizados, lo que implica problemas de seguridad y convivencia que afectan a las comunidades, como es el caso de los altos niveles de extorsión y el narcotráfico, entre otros.

"Por primera vez se mide esto de manera relativamente precisa y ya podemos tener un panorama de cómo está afectando a la ciudad en términos de magnitud. El gran mensaje en términos de política pública debería ser que el ejercicio de medición debería replicarse de manera frecuente para saber qué tanto avanzan las políticas de seguridad en términos de reducción del ‘gobierno criminal’, entendido como su capacidad de regular las transacciones y la interacción entre las comunidades a lo largo de la ciudad y de explotar economías criminales", expresa el analista Gustavo Duncan.

El ‘gobierno criminal’ es un fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo y, sin embargo, aún no se han encontrado opciones de política pública claras para enfrentarlo. El desarrollo de investigaciones como ésta profundiza en la comprensión de sus dinámicas, pues en muchas ciudades los grupos organizados del crimen representan una amenaza creciente para la paz y el desarrollo.

"La solución a los problemas de ‘gobierno criminal’ obedece a políticas de largo plazo que poco a poco se van reduciendo, de hecho, la ciudad ha logrado reducir los índices de ‘gobierno criminal’, sobre todo si comenzamos a comparar cómo era la incidencia de los grupos criminales en la época de Escobar, por ejemplo, o de ‘Don Berna’, que era mucho mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar las políticas, para qué están hechas y cuál es su propósito", comenta el profesor Gustavo Duncan.

Entre los problemas generados por el crimen organizado en la ciudad, de acuerdo con lo descrito por el informe, se encuentran el homicidio, la extorsión, la venta de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, y el ‘gobierno criminal’ en barrios de ingreso bajo y medio-bajo. Según los investigadores, es posible reducir el ‘gobierno criminal’ mediante el aumento del gobierno del Estado, para lo que es necesario realizar intervenciones innovadoras que se anticipen las acciones de los grupos criminales.

"No hay una comprensión completa de cómo esto se da o en qué contextos, de qué puede hacer el gobierno al respecto. En esa medida es algo que está en la frontera del conocimiento, es por eso que estamos trabajando con una expectativa alta para que salgan productos de frontera muy relevantes para la política pública, precisamente, por estudiar un fenómeno poco desarrollado. Creemos que nuestro trabajo contribuye al desarrollo de estrategias y soluciones para este tipo de problemas", concluye el investigador Santiago Tobón.

Gobierno del Estado y del combo según diferentes situaciones problemáticas​

En la Encuesta sobre Gobierno Criminal realizada en el año 2019, se preguntó sobre los actores que intervienen en la gestión de 17 situaciones problemáticas que ocurren en los barrios de Medellín y el Valle de Aburrá. La gestión de estas situaciones implica el desarrollo de funciones de vigilancia, regulación social y resolución de conflictos.

Para cada barrio incluido en la encuesta se construyó un Índice de Gobierno del Combo y un Índice de Gobierno del Estado. Estos índices, respectivamente, evidencian con qué frecuencia intervienen los combos y el Estado (representado en la Alcaldía del municipio y en la Policía Nacional) cuando los 17 problemas mencionados ocurren en el barrio.

Los índices toman valores desde 0 hasta 1. El 0 indica que el respectivo actor nunca interviene y el 1 indica que siempre interviene. Asimismo, se creó un Índice de Gobierno Relativo, cuyos valores son iguales a: Índice de Gobierno del Estado menos Índice de Gobierno del Combo.

El Índice de Gobierno Relativo oscila entre -1 y 1. Los valores negativos indican que el combo interviene más que el Estado (-1 significa que el combo es el único actor que interviene) y los valores  positivos indican que el Estado interviene más que el combo (1 significa que el Estado es el único actor que interviene). El 0 significa que tanto el Estado como el combo intervienen con la misma frecuencia.​

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Menos visitas al médico, mejora en la formalidad del empleo y más probabilidad de elegir un colegio de mayor calidad son algunos de los hallazgos de recientes estudios realizados por investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de EAFIT, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los expertos estudiaron con análisis masivo de datos y la aplicación de modelos estadísticos los efectos de las líneas 1 del Metroplús, H del Metrocable y T-A del tranvía, y los subsidios de transporte escolar implementados por la Secretaría de Educación de Medellín.​

​La Línea 1 del Metroplús, Línea H del Metrocable y Línea T-A del tranvía han favorecido a los vecinos de estas intervenciones físicas en asuntos como reducción en el número de visitas al médico, la autopercepción de mejora en la calidad de vida, en el tiempo de desplazamiento de los estudiantes a su centros educativos y en la formalidad en el empleo.

Así lo determinaron expertos del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de EAFIT, con sus grupos de investigación Research in Spatial Economics (Rise) y Estudios en Economía y Empresa, quienes evaluaron el impacto de estas intervenciones de accesibilidad al transporte público adoptadas por el Sistema Metro de Medellín y por la Secretaría de Educación municipal, con un estudio a partir del análisis masivo de datos y de la aplicación de modelos estadísticos.

Además, discriminando por género en cuanto a que la información está asociada a personas y no a hogares, se identificó que en las mujeres el mayor grado de accesibilidad, debido a las infraestructuras físicas en transporte, genera un incremento levemente mayor en la probabilidad de tener un empleo formal, comparado con los hombres.

En asocio con el Metro, esta iniciativa de investigación comenzó a consolidarse con estos primeros análisis econométricos aplicados a evaluaciones de impacto de las tres líneas incluidas en el estudio, lo que aporta información para conocer los efectos de estas mejoras en infraestructura para el bienestar de los usuarios.

Teniendo en cuenta que con estos modelos matemáticos se describe el comportamiento de los agentes económicos, se utilizaron datos georreferenciados de la Encuesta de Calidad de Vida para el periodo 2007-2018 para determinar los hallazgos.

“Hay un cruce de gran cantidad de información, nosotros utilizamos la encuesta de Calidad de Vida, el Sisbén, el sistema de matrículas de Medellín e información del Icfes. En una primera instancia hacemos un análisis estadístico y después para la evaluación del impacto hacemos un análisis econométrico con bastante rigurosidad para evaluar los efectos porque hay que tener en cuenta muchas variables”, explica Gustavo Adolfo García Cruz, coordinador de este estudio y profesor del Departamento de Economía de EAFIT.  

Con el desarrollo de estos estudios de economía aplicada, que sirven para mejorar la toma de decisiones públicas basadas en evidencia para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, se promueve justamente la creación del primer laboratorio de políticas públicas enfocado al desarrollo de la movilidad más inclusiva en América Latina, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y EAFIT con sus distintos expertos académicos.

"Este estudio es el primer escalón en un gran proyecto que empezamos en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo: el Laboratorio de Políticas Públicas en Movilidad de América Latina. Aprovechamos la tradicional alianza de la Universidad con el Metro para que este primer estudio fuera sobre Medellín. Es muy importante entender qué estrategias funcionan y por qué. Además, las políticas públicas deben estar basadas en la evidencia para que logren un mayor impacto positivo sobre la población", expresa César Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Institución.

Los efectos del subsidio de transporte

Una segunda evaluación de impacto sobre las intervenciones en el transporte urbano, realizada dentro de este primer estudio del laboratorio de políticas públicas en movilidad, también está asociada al sistema público de Medellín. Se trata del programa de subsidios de transporte escolar implementado por la Secretaría de Educación, sobre el que se buscó analizar cómo este apoyo económico determina la elección que hacen los hogares de las instituciones educativas sobre donde estudian sus integrantes.

Este subsidio en el sistema Metro (Metro, Metroplús, Metrocable y Tranvía) y en buses urbanos es del 50 por ciento, y en transporte escolar contratado es del 100 por ciento. Para conocer el efecto de estas políticas —a partir de variables como la ubicación de la vivienda y la estación de recogida, y la estación de desembarque y el colegio, y de acuerdo con la categorización oficial (Icfes)— se evalúo el efecto de estos subsidios sobre un índice de calidad educativa del colegio escogido por los hogares.

Según los resultados de esta evaluación del CIEF, se estima que los subsidios parciales tienen un efecto causal positivo sobre la calidad del colegio seleccionado por los estudiantes, es decir, las personas cubiertas por el programa de subvención eligen colegios de mejor calidad. A su vez, se indica que los efectos asociados al subsidio total, potencialmente, genera efectos negativos en dicha elección. Por su parte, desde el punto de vista de género, los subsidios parciales de transporte incrementan en mayor grado la probabilidad de elegir colegios de calidad alta para el caso de las mujeres.

Como parte de este estudio, una tercera evaluación para conocer el efecto de las intervenciones en el transporte sobre los agentes económicos es adelantada actualmente por el grupo de investigadores del CIEF, que espera entregar sus resultados a finales de este año. Este análisis busca estimar a partir de los modelos estadísticos el impacto de la entrada en operación de la Línea M del Metrocable, la cual beneficia a cerca de 35 mil habitantes del territorio de influencia (Comunas 8 y 9 de Medellín).

"Creo que para realizar buenas recomendaciones de política económica es necesaria la implementación de técnicas estadísticas que sean flexibles y compatibles con los datos, cuidando el cumplimiento de los supuestos implícitos. De otra forma, las decisiones de política se fundamentarán en aparentes hallazgos empíricos que potencialmente serán errados", concluye Andrés Ramírez Hassan, doctor en Ciencia Estadística e investigador del CIEF de EAFIT.

Una alianza que da frutos

EAFIT y el Metro de Medellín tienen suscrita una alianza para la formulación de políticas públicas en temas de movilidad, orientada a fortalecer los procesos de planeación urbana desde el enfoque de la sostenibilidad. En este acuerdo la Universidad aporta su conocimiento para el acompañamiento técnico y metodológico de las distintas iniciativas.

Además, gracias a un convenio de cooperación de ciencia y tecnología entre las dos instituciones se ha consolidado una escuela para la capacitación y reentrenamiento del personal operario de los sistemas de transporte por cable aéreo, así como el laboratorio para la realización de pruebas y mejoramiento de los equipos técnicos, liderado por el Grupo en Estudios de Mantenimiento Industrial (GEMI) de la Universidad.

Como parte de esta alianza, además, desde el año 2003 se ha logrado el registro de varias patentes en Colombia y en otros países, junto con la generación de conocimiento aplicable en diferentes campos relacionados a la movilidad y el transporte urbano.​

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Estos son algunos aprendizajes que compartió y que adquirió Juan Luis Mejía Arango en sus cerca de 17 años como rector de EAFIT. En esta entrevista, con las metáforas habituales en sus conversaciones, el directivo habla de los aportes a la partitura que es la construcción colectiva de una idea de Universidad.

El Rector, quien deja su cargo este mes de diciembre y será sucedido a partir de enero por Claudia Restrepo Montoya, se despide luego de liderar profundas transformaciones que permitieron el avance constante de la Institución en aprendizaje, descubrimiento y creación, y proyección social.

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Un Pacto por la Igualdad de Género se acordó el miércoles 25 de septiembre en EAFIT, durante un evento académico que reunió al sector empresarial, cooperativo, social y académico. En el espacio se presentó el Plan Estratégico de Igualdad de Género, formulado por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y el Centro de Análisis Político de EAFIT.

Con instrumentos de política pública como este se espera mejorar los principales índices en igualdad de género y combatir aspectos que afectan la integridad de la mujer como la violencia, la discriminación laboral y el acceso a derechos en educación y salud, entre otros. 

Con la participación de representantes del sector empresarial, social y académico, el miércoles 25 de septiembre se firmó en EAFIT el Pacto por la Equidad de Género, promovido por la Secretaría de las Mujeres de Medellín, con el que se compromete a personas y a organizaciones de los diversos sectores sociales a implementar acciones que combatan la discriminación a la mujer.

Para la Secretaría de las Mujeres este grupo poblacional en campos como el económico mantiene una sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, lo que disminuye su participación en el mercado laboral. En Colombia el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del año 2017, registró que el 89,5% de las mujeres invierte 7.14 horas del día en trabajo doméstico sin recibir un pago económico.

Bajo un panorama local se presentó el Plan Estratégico de Igualdad de Género, un instrumento con metas al año 2031 que propende por la defensa de los derechos de la mujer, con el que la Administración Municipal espera incidir en las instituciones y la cultura organizacional de las empresas y el tercer sector para reducir las inequidades.

“Venimos desde el inicio de esta Administración trabajando muy juiciosamente con EAFIT, que ha sido nuestro aliado estratégico. Conversando con las mujeres, los hombres y los diferentes sectores frente a la equidad de género, frente a la política pública y las necesidades que se tienen en la ciudad. Y entregar el Plan Estratégico nos da la capacidad de tener un montón de acciones para poder ir cerrando esas brechas”, expresó durante la presentación Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín.

Esta caja de herramientas para los tomadores de decisión, como señala la funcionaria, es una ruta para que las mujeres cuenten con mejores oportunidades en temas como educación, independencia económica, emprendimiento y salud. Esto es resultado de un trabajo que comenzó en el año 2016, entre la Secretaría de las Mujeres y el acompañamiento técnico y metodológico del Centro de Análisis Político y la Dirección de Innovación de EAFIT, en la actualización de la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín, que en diciembre del año 2018 se adoptó mediante Acuerdo Municipal.

Además, como resultado de este trabajo de investigación académica, los investigadores de la Universidad presentaron la publicación Análisis para las políticas públicas. La búsqueda de la igualdad de género en Medellín, donde se da cuenta de la estructuración del problema público, sus antecedentes, los instrumentos y alternativas de solución, y la implementación de la política pública.

“La publicación es seguir contribuyendo a la cualificación del diseño institucional de políticas públicas. La ciudad tiene 75 acuerdos de política pública, y una de las grandes cuestiones que le preocupa al entramado de actores que inciden en la implementación de políticas es cómo cualificarlas para que realmente se conviertan en instrumentos de intervención a los problemas públicos. Creemos que esta política pública de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales es ejemplo de un proceso juicioso y estratégico, en el corto y mediano plazo, para impulsar una agenda por la igualdad de género en la ciudad”, comentó la politóloga Laura Gallego Moscoso, jefa del Centro de Análisis Político.

Las buenas prácticas

Como parte de la presentación del Plan Estratégico de Igualdad de Género se realizó en EAFIT un panel de discusión con representantes de los distintos sectores para conocer buenas prácticas al interior de las organizaciones o acciones para lograr la equidad de género en la ciudadanía. De esta conversación participaron Javier Armando Pineda Duque, director de la maestría en Género de la Universidad de los Andes; Nadia Fernanda Sánchez Gómez, presidenta de la Fundación She Is; y María Eugenia Pérez Zea, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Cooperativas.

“De por sí el sector social es una buena práctica en los territorios, porque somos los que estamos creando los proyectos para la eliminación de pobreza multidimensional y la generación de proyectos productivos. Desde la fundación que dirijo hemos llegado casi a los 32 departamentos de Colombia visibilizando, potencializando y fortaleciendo las buenas prácticas desde las comunidades en situación de vulnerabilidad”, señaló la líder en derechos humanos y económicos de la mujer, Nadia Fernanda Sánchez, organizadora del Women Economic Forum de Latinoamérica, realizado el pasado mes de agosto en Cartagena.

Uno de los logros para las buenas prácticas al interior de las organizaciones, que se han implementado recientemente en el país, es el Sello de Equidad Laboral Equipares, el cual es un programa de certificación en igualdad de género que convoca a empresas y organizaciones a reducir las brechas en los ambientes laborales, así como la implementación de acciones afirmativas para la equidad.

“En el sector cooperativo hay varias experiencias. Hay prácticas como el pacto por la no violencia contra las mujeres, que lo han firmado cooperativas en Argentina, por ejemplo. Es un pacto que consiste en que no se ignoren los hechos de violencia y género que se dan en los hogares, pero que afectan el trabajo”, mencionó María Eugenia Pérez.

Por su parte, el experto en género de la Universidad de los Andes destacó los avances en la implementación de políticas de equidad en las ciudades del país. “Este proceso se va a constituir en un referente muy importante. Es un esfuerzo significativo que se ha logrado gracias al movimiento de mujeres, y que se ha logrado posicionar y visibilizar de manera mucho más clara en las políticas públicas. Eso hace veinte años no lo teníamos. Ahora tenemos una gran madurez en este tipo de planes y ejercicios. Las buenas prácticas van a hacer importantes para ver como logramos esas metas”, mencionó el académico.

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Después vino el silencio, memorias del secuestro en Antioquia es un libro de relatos profundos y análisis que pretende aportar a la dignificación de los 37128 secuestrados registrados en Colombia entre los años 1958 y 2018. 

Este texto fue posible gracias a EAFIT, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo Casa de la Memoria de Medellín y Siglo del Hombre Editores que se unieron para aportar a la dignificación de las víctimas y acudir a la memoria como escudo contra este flagelo.

Obligarles a la desnudez, no permitirles un baño teniendo un arroyo a unos pasos, negarles alimento en una zona abundante en frutas. No era suficiente estar convertidos en moneda de cambio, los secuestrados colombianos en la época más violenta de la historia moderna del país sufrieron vejámenes que ahondaron aún más la herida que dejó este flagelo, una herida que es momento de empezar a ayudar a cicatrizar.

Con esa idea y para ayudar a sanar fue escrito el libro Después vino el silencio, memorias del secuestro en Antioquia, un documento cuya idea se materializó una mañana de abril del año 2016 en EAFIT en una reunión en la que participaron Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad; Gloria María Gallego García, profesora de la Escuela de Derecho de la Institución; y Gonzalo Sánchez Gómez y María Emma Wills, entonces director y subdirectora del Centro Nacional de Memoria Histórica, respectivamente.

En esa reunión se aprobó realizar una investigación sobre el secuestro en Antioquia, entre otras razones —cuenta la profesora Gloria María—, porque las estadísticas dicen que tuvo el mayor número de secuestrados del país y eso ha generado tanto dolor y furia que ha imposibilitado que sectores del departamento puedan hablar de paz.

Se empezó a trabajar en ese proyecto, en el que también participó como coeditor el Museo Casa de la Memoria de Medellín, con la idea de que fuera un libro testimonial para que la narración fuera de las víctimas y no de los victimarios y, además, no fueran casos que ya hubieran recibido atención de los medios de comunicación.

Gloria Gallego, investigadora principal del proyecto, explica que la intención era que los relatos fueran un reflejo de los matices del secuestro en Antioquia que fue diferente de acuerdo con el perpetrador (los de las Farc eran largos, con el ELN la negociación podía ser más ágil, y con las Autodefensas Unidas de Colombia era menos probable el retorno de la víctima) y abarcaran varias zonas sin enfocarse en Oriente y Urabá que pueden estar más diagnosticadas.

Con una cifra suministrada por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica de 37128 secuestrados asociados a la guerra con nombre y lugar de secuestro entre los años 1958 y 2018 –en el dato no se cuentan los 9568 asociados a la delincuencia común en ese período– el equipo de investigadores empezó a hacer el trabajo de campo pensando que no darían abasto con la cantidad de testimonios que, sabían desde el inicio, serían pocos los publicados porque la idea era mostrar en toda su dimensión el secuestro.

La sorpresa fue que el alto número de secuestrados contrastó con la cantidad de familias dispuestas a hablar. Aunque tenían alrededor de 60 casos de interés para la investigación, seis meses después de iniciar la búsqueda no habían logrado un “sí contaré mi historia”. Aunque para la profesora Gloria María hoy es real que el conflicto se ha desescalado y lo sustenta con cifras —el secuestro cayó 98%, el desplazamiento forzado 90%,  el uso de cilindrosbomba cayó un 99%-— incluye entre las razones para no hablar el miedo porque aún hay actores del conflicto que están activos; la “vergüenza” que tienen algunos por contar lo que les pasó y a lo que fueron sometidos; y a que otros padecieron tantos traumas que quedaron imposibilitados para hablar del tema.

Hablar del dolor

La cantidad de personas que asistieron a la presentación del libro el pasado 7 de septiembre en la Fiesta del Libro y Cultura de Medellín, no obstante, muestra que tal vez la sociedad ahora está más dispuesta a hablar de este dolor. Un dolor que hizo llorar a varios entre el público que asistió al evento y colmó el Salón Humboldt del Jardín Botánico al punto de tener que cerrar las puertas.

En Antioquia, con la mayor cantidad de casos de Colombia (7599 en el período mencionado), los once municipios con mayor cantidad de secuestrados fueron Argelia (625), Medellín (476), Cocorná (299), San Luis (286), Sonsón (253), Yarumal (236), San Francisco (194), La Unión (187), Turbo (166), Valdivia (161) y Maceo (150).

La misma Gloria, quien también sufrió el secuestro de varios familiares y comparte su testimonio en el texto, terminó llorando en la presentación. Y varias veces lloró durante el proceso de investigación, algunas sorprendida por las cifras que le compartían del OMC como el hecho de que Argelia fue el pueblo de Antioquia con mayor cantidad de secuestrados con 625.

Alertó, además, que en todos los municipios del departamento, 125, hubo por lo menos un secuestro.En Antioquia, con la mayor cantidad de casos de Colombia (7599 en el período mencionado), los once municipios con mayor cantidad de secuestrados fueron Argelia (625), Medellín (476), Cocorná (299), San Luis (286), Sonsón (253), Yarumal (236), San Francisco (194), La Unión (187), Turbo (166), Valdivia (161), y Maceo (150).

Argelia, el más afectado por ser un corredor de movilidad y donde la exguerrillera alias Karina diseñó una política de secuestro sistemático, conmovió a los investigadores porque el desastre fue de tal magnitud que golpeó hasta el más humilde de los agricultores y refleja otra de las consecuencias del flagelo: la destrucción de la economía fruto del exilio o la ruina de quienes generaban empleo.

El alto número que pone a Medellín en el segundo lugar, dice la profesora Gloria, más que los episodios en los que comandos urbanos poderosos secuestraban en la zona urbana, se explica por los casos que se presentaron en las zonas de descanso de los corregimientos o en las carreteras de entrada a la ciudad.

Otro punto que llamó la atención en el proyecto fue la participación que tuvieron los paramilitares. Gloria María dice que también secuestraron mucho y lo hicieron desde el principio del conflicto, en algunos casos por venganza contra guerrilleros pero también con el interés de apropiarse de tierras para establecer su poderío.

El daño moral, psicológico y económico de los 37128 casos registrados en los 60 años que abarca el libro se multiplicaría hasta cientos de miles si se tiene presente que esas víctimas eran hijos, quizás padres, hermanos, tíos, abuelos, parte de grupos familiares que en el caso de los antioqueños son numerosos y muy unidos, y la cuenta subiría más si tenían actividades económicas que proveían empleos.

El proyecto editorial e investigativo continúa

El efecto fue tan amplio que los investigadores están trabajando un segundo tomo del libro que se presentará el próximo año. Incluirá siete u ocho relatos de casos en los que se reflejará el impacto en la economía familiar, local y nacional, así como las reacciones de las víctimas desde las que se curaron y perdonaron, hasta las que no les fue posible. En cuanto al análisis la intención es incluir la ideología porque la hipótesis es que solo alguien muy ideologizado puede creer que es aceptable obrar tan inhumanamente contra una persona.

Creo que unas víctimas van a querer leer el libro para una cosa que todos necesitamos: que sientan que lo que les pasó a ellas no les pasó porque tienen mala suerte, ni porque Dios las abandonó, ni porque el destino se ensaña con ellas, sino que les pasó en un contexto social político y económico muy concreto."

Si bien la investigadora Gloria María Gallego sabe que un sector de la sociedad no leerá el primer ni el segundo tomo por desinformación, falta de interés o el dolor que produce el tema, la cantidad de personas en la presentación del libro y que se esté preparando una reimpresión de ejemplares le dicen que hay un sector de la sociedad que, como ella, cree que el país requiere hacer un luto colectivo.

“Creo que unas víctimas van a querer leer el libro para una cosa que todos necesitamos: que sientan que lo que les pasó a ellas no les pasó porque tienen mala suerte, ni porque Dios las abandonó, ni porque el destino se ensaña con ellas, sino que les pasó en un contexto social político y económico muy concreto que hizo posible esta barbarie”, dice la docente, quien agrega que si bien la reparación completa de las víctimas es imposible porque lo que sucedió no se va a borrar, sí hay reparaciones posibles como la material porque hay familias que quedaron en la quiebra, psicológica porque algunos no reciben las terapias necesarias, y la reparación moral.

A esa reparación moral aporta Después vino el silencio, memorias del secuestro en Antioquia, porque como dice la investigadora la sociedad también victimizó y ofendió a las víctimas al banalizar el secuestro. A través de los relatos de las siete víctimas “homenajeamos a todos reconociendo que lo que sucedió estuvo mal que sucediera. Que eso no tiene justificación. Que no debió haber sucedido.  Que toda esta guerra nos la pudimos haber ahorrado y que tenemos que aprender qué fue la barbarie del secuestro ahora que el secuestro parece que va a desaparecer en el país. Quiero pensar que sí desaparecerá porque estamos en 78 casos al año pero estuvimos algunos años con 4002 con en el 2002. Pero tenemos tantos tratos con la violencia que podría volver y lo único que podemos tener ahí es la memoria como un escudo”, concluye Gloria María Gallego, relatora principal del libro en el que participaron Mariluz González y Fernando Hoyos, del Museo Casa de la Memoria de Medellín, como correlatores.

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