El estudio de rocas de las cordilleras Occidental y Central permite a investigadores de EAFIT reconstruir la evolución de los Andes del norte, en Antioquia, desde hace millones de años hasta el último medio siglo. Conoce esta interesante historia.

Periodista Información y Prensa de EAFIT: Jonathan Andrés Montoya Correa.
 

El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, declara a Colombia como un país megadiverso. Y esto se debe, en gran parte, a los miles de millones de años de procesos geológicos que han dado lugar a cordilleras, valles, sistemas de fallas
y condiciones climáticas que propician que esta sea una de las 17 naciones que albergan el 70 por ciento de la biodiversidad del planeta.

Por eso, Colombia no solo es un país megadiverso, también es geodiverso. Esta afirmación se evidencia en todos los paisajes que componen el territorio nacional incluido, por supuesto, el del Valle de Aburrá, donde se levanta Medellín. No es gratuito, por ejemplo, que la vista desde el parque Arví, con sus colinas y altiplanos, sea tan diferente de la que se aprecia desde uno de los miradores de la avenida Las Palmas.

Otra cosa es observar la ciudad desde alguno de sus tres cerros tutelares de la parte plana (El Volador, Nutibara y La Asomadera), en comparación con lo que se ve desde el Alto de la Virgen, en Guarne, o la geografía para quien está en el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Y todo eso es muy diferente a lo que
ve alguien que se lanza en parapente desde San Félix en dirección Occidente-Oriente.

¿Por qué el Valle de Aburrá se comporta tan diferente, cómo se formó y cómo sigue reacomodándose?, ¿por qué no se puede comprender como una unidad sino como un territorio geológicamente diverso?, ¿por qué tenemos el paisaje actual? y ¿cuál es la historia tras la formación de las montañas que lo conforman?

Explorar el big data para tomar mejores decisiones en empresas y el Estado es uno de los objetivos del Centro de Excelencia Caoba que se especializa en extraer información valiosa de los datos a gran escala para analizarlos y generar valor agregado para múltiples usos.

Santiago Higuita Posada, Colaborador.

En medio de la avalancha de datos que se producen todos los días en internet, una de las mayores unidades para el almacenamiento de información hasta ahora conocidas es el Zettabyte (ZB). Equivale a mil  trillones de bits, la unidad mínima empleada en informática.

Su capacidad es tal que en un ZB se podrían alojar más de 17 mil millones de iPhone de 64 gigas y una película en alta definición duraría cerca de 36 millones de años. Para el año 2021 se pronostica que el tráfico de los centros de datos en el planeta, gran parte almacenados en la nube computacional, podría superar los 20 ZB anuales, más del doble del peso actual de la red mundial.

Firmas internacionales como Cisco, líder en transformación digital y estudio de big data, han visualizado este panorama en la producción de información en su Índice Global de la Nube.

En este mar de datos, literalmente, navegan los data scientist que son profesionales en áreas convergentes como matemática, modelación, estadística y computación dedicados a auscultar la inmensidad de datos producidos a diario. Por medio de técnicas de data mining hallan información valiosa que sirve para tomar mejores decisiones tanto en el sector privado como en políticas públicas.

Son los científicos de la era de la información que se dedican a pensar, principalmente desde la ingeniería y la abstracción matemática, aplicaciones para hurgar en los recovecos del big data y crear algoritmos que solucionen problemas que afectan la cotidianidad desde el sector financiero hasta el medioambiente.

Edwin Montoya Múnera es ingeniero de sistemas y doctor en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (España). En la actualidad es profesor investigador de EAFIT y coordinador del Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data y Data Analytics de la Alianza Caoba, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno Nacional para promover investigación aplicada en estas áreas. La iniciativa opera desde el año 2016 en el cuarto piso del bloque 18 de EAFIT.

EAFIT ejecuta tres investigaciones con el Grupo Cartama, empresa agrícola dedicada a producir y exportar aguacate Hass. Los logros beneficiarán la productividad del sector y la calidad de la fruta. Las comunidades cercanas a los lugares de cultivo han recibido ya los nuevos conocimientos.

Juan Carlos Luján y Felipe Sosa, Colaboradores Revista Universidad EAFIT.

EAFIT y el Grupo Cartama desarrollan, desde 2019, tres proyectos que tienen relación e incidencia directa con el cultivo del aguacate Hass (Persea americana Mill). Como ha sucedido con otros proyectos de consultoría e innovación conjuntos entre la academia y la empresa privada, los logros han sido de gran trascendencia.

En los estudios participan investigadores de la Escuela de Ciencias de la Universidad. Cartama es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de esta variedad de aguacate. Fue fundada en el año 2000 por un grupo de empresarios antioqueños y su primer lugar de producción fue en el municipio de Rionegro, en este departamento.

La compañía se dedica a toda la cadena de producción, desde la siembra del árbol en los viveros, cultivo, cosecha del fruto, embalaje en su planta ubicada en
Pereira (Risaralda) y el envío a los clientes finales.

En 2015 comenzó a exportar y en los últimos años ha ingresado a mercados como el japonés y el chino. Tiene unidades productivas en Rionegro, Sonsón, Amagá, Caramanta, Támesis, Jericó y Concordia (Antioquia), Anserma, Riosucio, Salamina y Aranzazu (Caldas), y Quinchía y Guática (Risaralda).

Cuenta con sellos y reconocimientos por la calidad de su producción y espera que las investigaciones con varias universidades, ente ellas, EAFIT, le permitan acceder a otras certificaciones.

Estas labores conjuntas entre Universidad y sector privado permiten que compartan conocimientos e investiguen con fines comunes. Además, los inversores o ejecutores reciben estímulos como deducciones y descuentos tributarios, lo que facilita también el acercamiento del empresariado a los grupos de investigación universitarios.

Proyecto Construcción de inventarios ecológicos para la gestión sostenible de los agroecosistemas de las unidades productivas de aguacate Hass

Con este se identificó la biodiversidad de cuatro unidades productivas (el Grupo Cartama denomina así sus fincas y terrenos de cultivo), ubicadas en los municipios de Quinchía, Riosucio y Guática.

Dentro de los logros más significativos está el haber registrado, según datos que aún están en verificación, cerca de 610 especies en la zona: 243 plantas, 30 herpetos (anfibios y reptiles), 30 mamíferos, 168 aves, 95 taxones de diptera y 40 taxones de hymenoptera, es decir, grupos de ambos tipos de insectos.

Susan Saavedra Porras, jefa de Investigación, Desarrollo e Innovación del Grupo Cartama, explica que el monitoreo a la biodiversidad se extendió un año y se efectuó en dos épocas para poder tener también datos de migraciones de aves y conocer las comunidades de insectos asociadas a efectos polinizadores.

“También se monitoreó la microbiota del suelo. Fueron análisis y estudios muy completos. El informe final presenta una propuesta para hacer una reconexión de los relictos de bosques (remanentes de bosques) en estas unidades productivas y favorecer la conservación de las especies identificadas”, agrega.

Cristian Andrés Díaz Profesor de Derecho Administrativo, Universidad EAFIT.

Hace algunos meses, la Corte Constitucional declaró “inexequible con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021, la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, ‘por medio de la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones’.”

Del mismo modo, declaró inexequibles los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Esta decisión judicial se adoptó en la Sentencia C-047, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y fue anunciada en comunicado del 4 de marzo de 2021.

La Ley 1951 del 24 de enero de 2019 había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordenando su entrada en funcionamiento dentro del año siguiente y asignándole la función principal de impulsar la participación de la comunidad científica para incrementar el nivel de la investigación científica y social, así como el desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior, los centros de investigación, los parques industriales y las empresas. Así mismo, la mencionada ley indicó que esta nueva entidad gubernamental no podía generar gastos generales o de personal adicionales a los que tenía presupuestado el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y complementó –en los artículos 125 y 126– aspectos asociados a la estructura y competencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no habían quedado definidos en su ley de creación.

La Ley 1951 de 2019 fue demandada ante la Corte Constitucional que, a su vez, integró al proceso los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, por guardar relación con la fusión, la denominación y los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la demanda se argumentó que: i) se infringió el artículo 154 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley dirigidos a crear, suprimir o fusionar ministerios solo pueden ser presentados por el Gobierno Nacional, y esto no fue lo que sucedió en el caso analizado; y ii) se contravino el artículo 150, numeral 7, de la Constitución, por no establecerse en la ley la estructura del Ministerio que se creó.

La Corte Constitucional acogió estos argumentos indicando que “no es posible adoptar medidas que no correspondan a la función de planeación y que no tengan por finalidad impulsar el cumplimiento del Plan para el correspondiente período presidencial”. En tal sentido, precisó que no era viable subsanar a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo los vacíos relacionados con la estructura del Ministerio porque dicho asunto debía determinarse a partir del procedimiento democrático previsto en la Constitución.

Es más, para la Corte, los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 ni siquiera subsanaron el vacío en la estructura del Ministerio, pues se limitaron “a otorgarle al Gobierno facultades que la propia Constitución le confería para modificar la estructura de los ministerios, pero no para determinarla (artículo 189.16 de la Constitución)”.

Ahora bien, ¿qué implica que la Corte Constitucional haya declarado inexequibles las disposiciones normativas por las cuales se había creado el Ministerio? ¿Significa que desde la expedición de la Sentencia C-047 de 2021 dicho Ministerio desapareció?

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Usualmente, estos efectos se producen desde el mismo momento en el que se publica la sentencia, de manera que, si declara inexequible una norma, esta queda expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tanto el artículo al que se ha hecho referencia, como la jurisprudencia constitucional reconocen la potestad de la Corte de modular los efectos de sus fallos, es decir, de establecer desde qué momento se producen tales efectos y en qué sentido.

Pues bien, con la Sentencia C-047 de 2021, “la inexequibilidad se declaró con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021”. Según la Corte, “la medida del diferimiento se adoptó al tener en cuenta la necesidad de no afectar la continuidad en el cumplimiento de las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos del artículo 70 de la Constitución, y los derechos de las personas vinculadas a la entidad y a los programas y proyectos que desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

Esto significa que con la decisión de la Corte Constitucional el Ministerio no desapareció. Más aún, puede seguir ejerciendo sus funciones. Pero el Congreso de la República cuenta con dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio de este año, para regular de manera completa la estructura de dicho Ministerio, pues una vez cumplidas aquellas, tanto la Ley 1951 de 2019 –que lo creó– como los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 –que complementaron sus funciones–, saldrán del ordenamiento jurídico y quedará sin fundamento normativo tal Ministerio.

Según el artículo 138 de la Constitución, una “legislatura” se conforma por dos períodos legislativos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de marzo al 20 de junio. De acuerdo con lo anterior, el plazo para que el Congreso subsane los defectos en la estructura del Ministerio, siguiendo el trámite legislativo adecuado, vence el 20 de junio de 2023. Hasta esa fecha, dicho Ministerio puede continuar desarrollando sus actividades.

A pesar de que con el plazo concedido por la Corte Constitucional para remediar la situación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conserva temporalmente su vigencia y operatividad, un tema estratégico del Estado, como lo es la creación de un ministerio, debería contar con un procedimiento legislativo adecuado y tener claramente definida su estructura desde el momento de su concepción.

Debe recordarse que los ministerios y los departamentos administrativos, como órganos del Gobierno Nacional, cumplen funciones cruciales para la concreción de las políticas públicas. En tal sentido, la creación, modificación y supresión de aquellos debe obedecer a un razonable ejercicio de planeación y no a decisiones improvisadas.

La sentencia de la Corte Constitucional también es un llamado a que se respete el principio democrático en la creación de los órganos del Estado. El Congreso de la República no puede renunciar a su competencia para establecer la estructura de un ministerio, encomendando este asunto al Gobierno Nacional, pues ello no garantiza el grado óptimo de deliberación y afecta la legitimidad de este tipo de decisiones.